(AFP) La orden de detención del publicista de la campaña presidencial de Dilma Rousseff, emitida por la justicia brasileña este lunes, abre un nuevo frente de tormenta para la jefa de Estado, que ya enfrenta dos procesos con potencial para terminar su mandato y una aguda crisis económica.

La justicia ordenó el arresto de Joao Santana, un influyente consultor político en América Latina que también asesoró con éxito al expresidente Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2011), del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) que gobierna en Brasil desde 2003.

Su objetivo es aclarar si una serie de pagos que recibió en el exterior provienen de la gigantesca constructora Odebrecht, acusada de participar en el fraude que desvió más de US$ 2,000 millones de la estatal petrolera Petrobras.

Santana, que también fue asesor de las campañas del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, así como de otros líderes de Latinoamérica y del presidente de Angola, no fue detenido por encontrarse trabajando en República Dominicana.

“Trabajamos sobre la línea de que podría haber recibido dinero en el exterior justamente por estar ligado al partido [de los Trabajadores]. Sería un beneficiario de la corrupción en Petrobras”, dijo el comisario de la Policía Federal (PF) Filipe Pace.

En medio de una crisis de gran escala, la noticia suma más sombras al gobierno de Rousseff, reelecta en octubre de 2014.

Con un apoyo popular de apenas 10% tendrá que enfrentar este año dos procesos con potencial para terminar precozmente con su mandato: un pedido de juicio político por manipular las cuentas públicas y una denuncia del principal partido opositor, el PSDB, por abusos cometidos durante la campaña presidencial del año pasado.

La eventual aparición de un vínculo entre la financiación de la carrera por la reelección y los sobornos en la petrolera podría convertirse en un peligroso elemento para la causa que tramita la corte electoral.

“El juego está cada vez más próximo al [palacio presidencial de] Planalto. Hay evidencias cada vez más robustas y con eso las chances de una decisión negativa en el Tribunal Superior Electoral”, dijo a la AFP el experto en ciencias políticas Carlos Pereira, profesor de la prestigiosa universidad privada Fundación Getulio Vargas.

“Infundadas”
Más tarde, en una carta al Partido de la Liberación Dominicana (PLD, en el poder), citada por la prensa brasileña, Santana calificó las acusaciones en su contra como “infundadas” y anunció que renunciaba a la campaña para regresar a Brasil y ponerse “a disposición de las autoridades y aclarar cualquier especulación”.

La fiscalía local indicó en un comunicado que busca profundizar la investigación de posibles crímenes de corrupción, evasión de divisas y lavado de dinero producto de “desvíos de Petrobras por medio de pagos ocultos hechos en el exterior por el operador financiero Zwi Skornicki -detenido este lunes- y por (firmas) offshore controladas por el Grupo Odebrecht en favor de los publicitarios Joao Cerqueira de Santana Filho y Mónica Regina Cunha Moura”.

Skornicki está bajo sospecha de ser uno los operadores que sobornaban directivos de la estatal designados por partidos políticos para manipular licitaciones.

Las evidencias encontradas indican que entre setiembre del 2013 y noviembre del 2014 transfirió al exterior al menos US$ 4.5 millones a una cuenta de Santana y Moura, por entonces a cargo del marketing de la campaña electoral del PT, añadió el escrito.

Los fondos no declarados fueron depositados a nombre de la empresa offshore panameña Shellbill Finance, mantenida por Santana y su esposa Mónica, también con pedido de captura. Según la justicia, también llegaron a esa firma otros US$ 3 millones de Odebrecht.

“El PT no tiene publicistas, apenas contrata profesionales para prestar servicios puntuales”, respondió de su lado el partido en una nota, en la que reiteró la legalidad de las donaciones que ha recibido.

Condena
La causa Petrobras ya le costó una condena a 15 años de prisión al extesorero del PT, Joao Vaccari Neto, e investiga al actual ministro portavoz Edinho Silva, coordinador financiero de la campaña presidencial de Rousseff.

En esta nueva fase de la investigación, la justicia ordenó el arresto de otras seis personas e incautó documentos en los estados de Río de Janeiro, Sao Paulo (sureste del país) y Bahía (noreste).

El “posible involucramiento” del expresidente Luis Inacio Lula da Silva en “prácticas criminales” aparece mencionado en un documento policial anexo a esta nueva fase de la operación, aunque por ahora no es objeto de ninguna investigación relacionada con la trama y los investigadores advierten que la sospecha “debe ser tratada con parsimonia”.

La policía analiza indicios de que Odebrecht podría haber costeado la construcción de un edificio del Instituto Lula, fundación ligada al exmandatario, quien no es objeto de ninguna investigación en este caso.

La fiscalía sospecha igualmente que la constructora estaría involucrada en otra trama de sobornos a autoridades en Argentina.

La operación Lava Jato (lavadero de autos) develó que directivos de la petrolera designados por partidos políticos se asociaron con constructoras de gran calado, intermediarios y especialistas en lavar dinero para montar un sistema de sobornos que les permitió amañar licitaciones, cobrar sobreprecios y desviar fondos durante diez años.