El oficial mayor del Congreso José Cevasco señaló que no es el responsable de la “compra trunca” de 980 computadoras para esa institución. Que existe un área de Administración, pero que no está autorizada para dar su versión.
“El oficial mayor no compra computadoras. No es el encargado de licitaciones, concursos públicos, para eso hay una oficina encargada que es la Dirección General de Administración, y un departamento de logística que se encarga”, dijo José Cevasco en entrevista con RPP Noticias.
“También la señora [encargada de Administración] sabía sobre el tema (…) Tendríamos que autorizarla a hablar, pero ella es la encargada de la administración, yo no”, añadió.
Esta “compra trunca” originó el despido del exdirector de Logística del Congreso Sergio Romero Loyola, quien ha señalado en una entrevista en La República que los documentos indican que varias personas intervinieron en la compra, pero que se trató de una decisión institucional.
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No obstante, José Cevasco confirmó que conversó con el ahora despedido Sergio Loyola sobre la compra de las computadoras, en base a la “necesidad institucional” de renovar los equipos para el inicio en marzo de la siguiente legislatura.
“Porque trabajamos en un ambiente horizontal, en forma horizontal. Sin establecer la burocracia, agarramos el teléfono. Llamamos unos a otros, consultamos las cosas”, dijo en referencia a la llamada que hizo a Loyola, para confirmar la compra.
Loyola ha señalado que esta llamada se hizo el último día, aunque Cevasco dijo que estaba dentro del plazo legal de la compra. No hacerlo a tiempo, habría retrasado la compra por cinco meses más.
“Había plazo legal que cumplir, y ese plazo se vencía. Porque si no se compraba dentro del plazo, había que esperar 4 o 5 meses más para el proceso de licitación. Lo que aplicábamos era un procedimiento legal, donde muchas instituciones públicas han comprado computadoras. El Congreso estaba comprando por ese mismo sistema”, indicó.
A continuación, Cevasco aclaró que el proceso se interrumpió debido a las “motivaciones periodísticas que existían en ese momento, a pedido de la presidenta del Congreso solicitamos a la Contraloría que intervenga”.
Por esos días, también se discutía la censura a Jaime Saavedra. En ese contexto, la presidenta del Congreso Luz Salgado dijo que ella renunciaría a su cargo si se demostrara que un funcionario de su gestión se enriqueció con las compras de computadoras.
Además, ante la advertencia de la Contraloría de “riesgos administrativos” en el proceso de compra, Cevasco dijo que entiende que el despido de Loyola “fue por las omisiones, por esos riesgos que la Mesa Directiva interpretó que debió haber puesto en conocimiento en algún momento. Es un cargo de confianza”.
Los riesgos, según Cevasco, versaban sobre el riesgo de que la empresa no garantizaba que se entreguen los equipos a tiempo; así como que la empresa no cumplía con los tres años de vida, “que debía verificar Perúcompras”.
“El precio lo pone el catálogo de Perúcompras, y sobre ese catálogo la Administración [el área] decide qué vale menos. Fueron 26 empresas que salieron en el catálogo y se eligieron a la más barata”, indicó.
En otro tema, Cevasco dijo que de agosto a noviembre el Congreso ha descontado más de S/ 33,000 por inasistencias de congresistas. Aunque no señaló cuál fue el monto del mismo período del año anterior.