BOGOTÁ, (Reuters).- La violencia de las bandas criminales es el principal desafío que enfrenta la seguridad en Colombia, dijo el lunes un informe de Naciones Unidas que pidió al Gobierno enfrentar con medidas sociales, judiciales y policiales a los grupos armados ilegales responsables de graves violaciones.

Las bandas criminales están conformadas por antiguos paramilitares de ultraderecha que se desmovilizaron en un cuestionado proceso de paz en el Gobierno del ex presidente Álvaro Uribe y están dedicadas al narcotráfico y otras actividades como la minería ilegal en diferentes regiones.

“El principal reto en materia de seguridad pública sigue siendo la violencia de los grupos armados post-desmovilización vinculados con el crimen organizado”, dijo el informe anual del alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos.

“Esta violencia afecta a los derechos de la población que vive en zonas en las que estos grupos se disputan el control de ingresos ilícitos derivados del comercio de drogas, la extorsión, la minería ilegal, la prostitución, la trata de personas y la migración ilegal”, agregó.

El representante en Colombia de la oficina del alto comisionado para los derechos humanos, Todd Howland, dijo que la violencia de las bandas criminales se evidencia en varias zonas con asesinatos, amenazas y desplazamientos masivos de civiles.

De acuerdo con la Policía Nacional, en la actualidad existen tres bandas criminales con unos 2.000 combatientes que no tienen una ideología política ni contrainsurgente y están dedicadas principalmente al narcotráfico. En su apogeo esos grupos armados ilegales, considerados por Estados Unidos como una amenaza, tuvieron unos 9.000 integrantes en 34 organizaciones que fueron diezmadas por una ofensiva de las Fuerzas Armadas.

“El Estado debe invertir en maximizar las oportunidades económicas y de trabajo para los jóvenes que les ofrezcan alternativas viables para no unirse a los grupos criminales”, sostuvo el informe.

Según expertos, en la eventualidad de que se firme un acuerdo de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), las bandas criminales podrían ocupar los espacios geográficos de la insurgencia y convertirse en una tentación para que los combatientes que abandonen las armas regresen a actividades criminales.