AFP.- Un informe de la ONU sobre el sistema de justicia penitenciaria en Argentina cuestionó este jueves el “uso excesivo” de la prisión preventiva, mientras siguen considerando “arbitraria” la detención de la activista Milagro Sala.
Tras una invitación del presidente Mauricio Macri a raíz de las advertencias de organismos internacionales provocados por la detención de Sala en enero de 2016, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria concluyó este jueves una visita de 10 días al país sudamericano.
Los enviados especiales presentaron un informe general sobre el sistema penal de detención en Argentina pero evitaron pronunciarse sobre el caso de la activista en particular.
Ante la insistencia de la prensa aclararon que no reevaluaron ni modificaron la calificación de “detención arbitraria” que hizo el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU el año pasado.
“Sigue vigente la opinión sobre Milagro Sala de que su detención es arbitraria, eso se dijo”, indicó el representante beninés Sètondji Roland Adjovi en una rueda de prensa, junto a su colega letona Elina Steinerte.
Los expertos remarcaron que la “posibilidad de detención sobre la base de la sospecha de haber cometido un delito se utiliza ampliamente” sobre grupos socio-económicamente vulnerables.
Los niños en situación de calle, los integrantes y líderes de los pueblos originarios, los migrantes y el colectivo LGTBI, entre otros, son blanco habitual de detenciones arbitrarias, demoras en comisarías o comprobación de identidad en los centros que visitaron en las provincias de Buenos Aires -la más poblada de Argentina-, Chubut (sur) y Jujuy (norte).
El informe preliminar destacó que los presos preventivos constituyen alrededor del 60% de la población detenida dentro del sistema de justicia penal.
“Esta cifra era superior en algunas de las instituciones visitadas por el Grupo de Trabajo”, dijeron al dar como ejemplo que el 75% de las mujeres detenidas en el Complejo Penitenciario Federal IV de Mujeres en Ezeiza (periferia sur), “está en calidad de prisión preventiva”.
Sobre la imputabilidad de menores de 16 años, una cuestión polémica en la sociedad argentina, el Grupo de Trabajo recordó a las autoridades que la privación de la libertad de menores de 18 años “debe ser una medida de última instancia”, cumpliendo la Convención de los Derechos del Niño en el ámbito de la justicia penal.
Los expertos observaron que la excepcionalidad de la privación de la libertad en el caso de menores de edad no se aplica en su totalidad en Argentina.
La delegación escribió en su informe que en estos 10 días “recibió testimonios de casos de privación de la libertad y maltrato de menores de 16 años, incluso un niño de 8 años de edad, por parte de las fuerzas de seguridad”, algo que perciben con mucha preocupación.
Estas observaciones integrarán el informe que el Grupo de Trabajo adoptará oficialmente ante el Consejo de Derechos Humanos en su período de sesiones de septiembre de 2018.
