Evelyn Coloma
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Cómo se calcula el valor de los terrenos es la clave para entender los reclamos del Servicios de Parques de Lima (Serpar). Su presidenta, Anna Zucchetti, explica que el 50% del presupuesto de su institución viene de la plusvalía urbana; esto es, que recaudan entre S/. 30 millones y S/. 40 millones al año por los proyectos de habilitación urbana, tomando como base el valor comercial de los inmuebles. En cambio, si las empresas aportaran de acuerdo al valor arancelario de los terrenos, la recaudación de Serpar caería en promedio de S/. 30 millones a S/. 2 millones.
Este cambio en el cálculo de los aportes inmobiliarios está contemplado en el proyecto de ley para reactivar la economía presentado al Congreso por el Poder Ejecutivo. No obstante, la semana pasada el MEF reconoció que este punto del proyecto fue un error del Ministerio de Vivienda, por lo que el presidente de la Comisión de Economía, Casio Huaire, anunció que esta propuesta quedaría sin efecto, con consenso de su grupo de trabajo.
Lo que se viene
Con todo, Zucchetti apunta que se mantendrá vigilante hasta que el proyecto de ley llegue al Pleno del Congreso, aunque asegura contar con el respaldo de casi todas las bancas para defender el mantenimiento de los parques. Y anotó que el MEF, el Ministerio de Vivienda, la Municipalidad de Lima y el Colegio de Abogados deberían debatir una ley nacional de espacios públicos, que proteja con la Constitución la manutención de los parques.
Según la funcionaria, Serpar administra 15 parques zonales y está construyendo ocho más, para lo que maneja un presupuesto anual de S/. 60 millones a S/. 80 millones.
La respuesta de Lindley
Por su parte, Corporación Lindley, la embotelladora de Coca-Cola e Inka Kola en el Perú, señala que el cobro de la Municipalidad por S/. 8.3 millones por el cambio de uso de un terreno para la construcción de su planta en Pucusana no se ajusta al ordenamiento legal vigente, porque la valorización del inmueble debe efectuarse bajo el valor arancelarios, según la Ley de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones N° 29090.
Y asegura no haber participado en la formulación del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, aunque se haya reclamado que se reproduzca de forma similar su recursos de apelación en tal expediente.
“Corporación Lindley expresa enfáticamente que no ha tenido participación alguna en la generación de un proyecto de ley que modifique el estatus jurídico existente sobre este asunto y por tanto, no ha iniciado ningún proceso o mantenido comunicación o influido en forma alguna ante el Ministerio de Economía y Finanzas, ni ante autoridad alguna, en la decisión de formular dicho proyecto de ley”, apunta la empresa en un comunicado.
