(Bloomberg).- Los inversores abandonaron las acciones y la moneda brasileñas el jueves cuando el escándalo proliferante de la corrupción se propagó al presidente Michel Temer.

Este último giro de una saga aparentemente interminable no solo amenaza con paralizar reformas económicas vitales, sino que también parece demostrar que la corrupción en el gobierno brasileño está literalmente fuera de control.

Probar lo contrario requerirá medidas drásticas. Legisladores en ejercicio se han puesto a sí mismos, de hecho, por encima de la ley, y eso tendrá que cambiar. Brasil también necesita una reforma electoral para reparar una legislatura fragmentada donde el dinero, y muy pocas cosas más, es lo que habla. Ninguna de ellas será fácil; nada menos que eso será suficiente.

Los investigadores, en los más de tres años de la indagación sobre sobornos, pusieron la mira en Temer porque supuestamente aprobó dinero no declarado para el encarcelado ex presidente de la cámara baja. Miembros del gabinete de Temer ya habían quedado atrapados en la investigación.

Los escándalos contribuyeron a sellar el juicio político en agosto pasado a la ex presidenta Dilma Rousseff por saltarse al Congreso para financiar gastos gubernamentales. El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha sido acusado de corrupción, junto con muchos políticos y ejecutivos empresariales.

Temer ha negado las acusaciones, que surgen de una operación secreta que involucró a ejecutivos de la mayor compañía cárnica del mundo y principal donante político de Brasil.

Eso atrapó a varios otros políticos y, lo que es aún más importante, tuvo lugar en los últimos dos meses, lo que sugiere que la vasta y prolongada investigación del Lava Jato (llamada así por un local favorito para el lavado de dinero) no ha disuadido ese tipo de delito.

Los legisladores federales en funciones solo pueden ser procesados por la Corte Suprema, que tiene una enorme cantidad de casos pendientes y no está destinada a manejar causas penales. Del 2011 al 2016, solo el 1% de los legisladores llevados ante la corte fue condenado, y 30% de esos casos estuvo en el registro de sumarios durante al menos 10 años. Aun después de la condena, las apelaciones pueden prolongarse, y a menudo se aplican plazos de prescripción.

La casi inmunidad de que disfrutan los legisladores federales alimentó la impunidad. Ellos deberían perder su situación legal especial ante la Corte Suprema. El proceso de apelaciones debería agilizarse; los plazos de prescripción, prolongarse, y las penas, aumentarse.

En un sentido más amplio, Brasil debe recomponer su sistema electoral, que ha encarecido absurdamente las campañas y convertido la legislatura en un bazar multipartidario donde el apoyo político está en venta. El problema es demasiado obvio: los políticos del país deben actuar para limitar sus propios privilegios.

Temer dice que no renunciará y se queja de que las acusaciones podrían dificultar la campaña de difíciles reformas económicas. Sin duda. También tiene razón cuando dice que será necesario recortar las pensiones y flexibilizar las reglas del mercado laboral para mejorar el desempeño de la economía.

No obstante, independientemente de la propia culpa o inocencia de Temer, no se puede esperar que los brasileños comunes acepten tales sacrificios cuando sus legisladores se enriquecen ilegalmente sin temor a sanciones. Si eso no cambia, la reforma económica es una causa perdida, y también lo es Brasil.