Los escándalos han llegado en grandes dimensiones y de manera rápida. El 18 de febrero se filtró la noticia de que dos suboficiales de la agencia de inteligencia naval del Perú estaban siendo juzgados en un tribunal militar por vender información a Chile .
Esta noticia se difundió luego que varios enemigos políticos del presidente Ollanta Humala se quejaron de que estaban siendo espiados por la Dirección Nacional de Inteligencia (Dini). En enero, dos ex jefes de seguridad de Panamá fueron arrestados acusados de espiar a decenas de ciudadanos a pedido del expresidente panameño Ricardo Martinelli.
En Colombia, el año pasado, funcionarios del gobierno que encabezaban negociaciones de paz con la guerrilla de las FARC fueron hackeados, aparentemente por agentes de inteligencia del ejército colombiano.
El exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de dicho país, organismo ahora disuelto, enfrenta un juicio por espionaje telefónico en contra de los adversarios del expresidente Álvaro Uribe.
Otros países
La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, denunció al ex jefe de Inteligencia, Jaime Stiuso, por inspirar la reciente acusación de Alberto Nisman, un fiscal, quien señaló que ella y su ministro de Relaciones Exteriores se coludieron con Irán para ocultar la verdad sobre el bombardeo de un centro judío ubicado en Buenos Aires en 1994; ella también insinuó que Stiuso estaba detrás de la posterior muerte de Nisman en enero.
En Venezuela, el gobierno envió agentes de inteligencia para arrestar al alcalde de Caracas, Antonio Ledezma. En los calabozos de la sede del servicio de inteligencia en Caracas, varios líderes estudiantiles siguen encarcelados luego de haber protagonizado protestas contra el gobierno el año pasado.
Hay algo extraño en estos casos. Si la Fuerza Naval Chilena en verdad espió a su contraparte peruana , lo cual niega su gobierno, esto no sería usual. Sería sorprendente que las Fuerzas Armadas de Perú no tengan agentes en Chile.
Pese a que las relaciones mejoraron recientemente, los dos países han desconfiado uno del otro por mucho tiempo. Aunque no es exactamente legítima, la información secreta es muy útil para que los países puedan conocer las intenciones de los demás.
Todos los otros casos son síntomas de dos males latinoamericanos: el abuso partidista de los servicios de inteligencia de los gobiernos para espiar a los opositores políticos, y una tendencia de las agencias de espionaje de seguir sus propias agendas.
En muchos casos, esta conducta se remonta a las dictaduras de la década de los setenta que lucharon la Guerra Fría en contra de los comunistas locales y Cuba (que de lejos tiene el servicio de inteligencia más eficiente de la región).
Con una democracia restaurada, Chile, Uruguay y Brasil establecieron nuevas agencias civiles, que según los especialistas se dirigen profesionalmente. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, creó un nuevo servicio para reemplazar el desacreditado DAS.
Sin embargo, en otros lugares los malos hábitos permanecen. Sebin de Venezuela “está en cualquier cosa, incluyendo los asesinatos”, dice un analista de inteligencia occidental.
En el Perú, Vladimiro Montesinos, el siniestro jefe de espías en la década de los noventa que ahora está preso, usó los servicios de inteligencia para la extorsión, el tráfico de drogas, manchar a los opositores y manipular a los medios de comunicación. Estaban demasiado ocupados como para advertir una invasión ecuatoriana al Perú en 1995.
La Dini no ha sacudido el legado de Montesinos. Cuenta con 400 agentes bien pagados y muchos de ellos son amigos militares de Humala, cuando todo lo que se necesita son unos 50 analistas profesionales civiles, señaló Fernando Rospigliosi, exministro en el 2002.
En el 2002, Argentina supuestamente reformó su servicio de inteligencia, creada por un exagente nazi bajo el mando del general Juan Perón en la década de los cuarenta. La Secretaría de Inteligencia (SI), como se le conoce ahora, es un monstruo y tiene por lo menos 2,000 empleados y alcanzó un presupuesto de US$ 214 millones el año pasado.
En teoría, pero no en la práctica, esta agencia es supervisada por un comité del Congreso. Los jueces, que supuestamente la supervisan, dependen de esta agencia para sus investigaciones.
Lo mismo ocurre con los presidentes y gobernadores provinciales: bajo el mandato de Cristina Fernández y su esposo y de su antecesor, Néstor Kirchner, la SI se dedicó a espiarlos, de acuerdo al analista occidental. Eso fue hasta que Cristina Fernández se enemistó con Stiuso.
Ahora la presidenta argentina planea reemplazar a la SI con una nueva agencia, pero existe el temor de que la entidad reformada pueda no ser más responsable.
Estos poderes oscuros del Estado no tienen cabida en una sociedad democrática en América Latina. La región debe preguntarse para qué necesita espías.
Las Fuerzas Armadas y la Policía hacen un trabajo de inteligencia operativa, respecto a las potencias extranjeras y respecto a las bandas de narcotraficantes y los grupos subversivos que aún existen. Actualmente, se puede comprar mucha inteligencia estratégica.
Si los servicios de inteligencia se emplean mal o salen del control es porque los políticos no han sido capaces de darles tareas claras. Pocas tienen el interés o la experiencia para hacerlo, indica Harold Trinkunas, un especialista en seguridad de Brookings Institution, un centro de estudios con sede en Washington, DC. Ya es hora de que se desarrollen.
© The Economist Newspaper Ltd,
London, 2015
