(AFP) La alarma causada en Europa por la propuesta estadounidense de imponer nuevas sanciones a Rusia, recuerda anteriores disputas transatlánticas sobre el vasto campo de aplicación de la “Lex americana”.
¿Por qué es la disputa?
El Senado estadounidense aprobó por abrumadora mayoría el jueves una legislación que impondría nuevas sanciones a Moscú, incluyendo una infraestructura que es crucial para Europa: las tuberías que transportan el gas ruso.
El proyecto de ley, que todavía debe pasar por la Cámara de Representantes y ser firmada por Donald Trump, otorga al presidente la autoridad para imponer sanciones sobre personas o empresas que ofrezcan bienes, servicios o tecnología que “directa y significativamente” contribuyan a la construcción de tuberías rusas para la exportación de energía.
¿Por qué se queja Europa?
Si el proyecto llega a convertirse en ley afectaría grandes compañías europeas que están financiando el Nord Stream 2, un proyectado gasoducto doble que aceleraría el flujo del gas natural ruso a Alemania para comienzos del 2019.
Blancos potenciales incluyen la compañía francesa de distribución de gas Engie, la firma alemana Uniper, la australiana OMV y la angloholandesa Shell. Todas son socias en el proyecto de US$ 10,600 millones.
En el proyecto de ley se expresa claramente la oposición a este gasoducto, que también ha sido criticada por el presidente del Consejo Europeo Donald Tusk.
La visceral reacción por parte de Europa reflejaba una gran molestia, pues se sentía que con esa ley se estaba cruzando una “línea roja”, declaró a la AFP Rory MacFarquhar, un exasistente de Barack Obama.
“Durante la administración Obama se actuó con la creencia de que las sanciones serían más efectivas si se adoptaban en conjunto y se discutían entre Estados Unidos y Europa”, dijo. “Siempre había que respetar una imaginaria línea roja, y esa era garantizar que las sanciones no afectarían el suministro de energía a Europa”.
¿Por qué hubo tensiones en el pasado?
No es la primera vez que la tendencia estadounidense a imponer sus criterios en modelos de negocio ha provocado fricciones con sus aliados al otro lado del Atlántico.
El Acta de Prácticas Corruptas Foráneas (FCPA) de 1977 permite al gobierno supervisar pagos sospechosos de una compañía en cualquier parte del mundo si esa compañía está en la lista de mercados estadounidenses o lleva a cabo transacciones en el sistema financiero de Estados Unidos.
Varias firmas europeas ya han sido perjudicadas. En el 2008 Siemens fue forzada a pagar una cifra récord de US$ 800 millones luego de declararse culpable de sobornar funcionarios en países como Argentina o Venezuela.
Pero la controversia más emblemática no estuvo ligada a la FCPA sino al no acatamiento de sanciones, y así el banco francés BNP Paribas debió pagar la suma de US$ 8,900 millones en el 2014 para alcanzar un acuerdo tras las acusaciones de que había pasado por alto sanciones existentes al hacer negocios con Sudán, Cuba e Irán.
Muchas compañías francesas expresaron su frustración y otras criticaron el “abuso de poder” de Estados Unidos.
