Karen Rojas Andia / Paulo Rivas Peña
krojas@diariogestion.com / privas@diariogestion.com
A pesar de que el nivel de inseguridad ciudadana es relativamente bajo en nuestro país respecto al registrado por los demás vecinos de la región, Juan Arroyo, director de RSE de Centrum Católica, rechaza que se trate de una percepción el incremento de la tasa de victimización contra la ciudadanía en los últimos años, ya que desde el 2004 al 2011 dicho índice se ha sextuplicado.
En esa línea, el especialista advierte que, en la actualidad, no se está calibrando la influencia del narcotráfico en la escala de violencia urbana, puesto que su principal impacto en el Perú no reside en el consumo de drogas, sino en los valores de la ciudadanía.
El avance del narcotráfico –señala- implica una mayor cantidad de pobladores involucrados en la producción de cocaína, así como el incremento de la corrupción en las instituciones del Estado, lo cual debilita aún más la gobernabilidad.
“México es el espejo de lo que podría sucederle al Perú”, sentencia al recordar la situación de ese país, donde varias ciudades ya han sido tomadas por nutridos grupos de narcotraficantes, y la corrupción alcanza altos niveles.
De otro lado, lamenta que el delito se esté tecnificando, y las bandas delincuenciales cuenten con una notable capacidad de organización, acompañada del uso cada vez más sofisticado de la tecnología y redes de contacto.
Según Macroconsult, la suma involucrada en el lavado de activos llega a los US$ 6 mil millones, y jamás “aparecen los que están detrás de ello”, expresa Arroyo.
Para el director de RSE de Centrum Católica, la labor de interdicción, el control en el lavado de activos y el despliegue de un trabajo eficiente en zonas donde se produce droga son elementos fundamentales para combatir al narcotráfico, no obstante, desestima que la legalización del consumo de sustancias tóxicas sea una medida acertada.
Me parece posible luchar contra el narcotráfico y aumentar -paralelamente- los niveles de seguridad ciudadana, puntualiza.
