El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada en parte la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra la llamada ley antitránsfuga, que prohibe a los congresistas la conformación de nuevos grupos parlamentarios o integrar una bancada diferente.

“La disposición impugnada vulneraba los derechos a la libertad de conciencia, a la participación política y al principio de interdicción de mandato imperativo”, decidió el TC, en relación al artículo 37.5 del reglamento.

Bajo esta premisa, el TC considera constitucionalmente válido que un congresista pueda separarse “por un cambio de orientación ideológica del partido, por la mutación ideológica personal, la desaparición o crisis del partido, o por serias discrepancias con la dirección del partido o grupo parlamentario”.

Por otro lado, también se declaró, por conexidad, la inconstitucionalidad de los artículos 37.2 y 76.2.3 del Reglamento del Congreso.

La primera calificaba a las bancadas con menos de cinco congresistas como “grupos parlamentarios especiales”, cuya única función era presentar proyectos de ley.

El TC observó que esta cláusula limita “el derecho a la participación política de los congresistas, al impedir que los grupos parlamentarios especiales con menos de 4 congresistas pudieran fusionarse con otros”.

En relación con lo dispuesto en el artículo 76.2.3, que regulaba la cantidad de congresistas necesaria para aprobar un proyecto de ley, el Tribunal estimó que la exigencia de una mayor cantidad de congresistas para su presentación vulneraba el derecho a la participación política.

“En consecuencia, las disposiciones impugnadas fueron declaradas como inconstitucionales y expulsadas del ordenamiento jurídico”, sentenció el TC.