AFP.- Tras haber cosechado en febrero y marzo duras derrotas judiciales por su decreto migratorio, cuyas dos versiones fueron bloqueadas por los tribunales, Donald Trump apuesta este lunes a lograr su revancha en el juicio de apelación.

Según el complejo sistema jurisdiccional estadounidense, es en Richmond, capital de Virginia, donde se analizará este caso que opone al gobierno y a asociaciones civiles para las cuales el decreto trata de manera discriminatoria a los musulmanes.

El desafío del Jeffrey Wall, un abogado del departamento de Justicia que representa a la administración, será persuadir a los jueces de que las restricciones al ingreso al país son parte de las potestades del presidente.

Wall y su equipo también deberán demostrar que la norma es “vital” para la seguridad nacional --una afirmación que se debilita con el paso del tiempo sin que exista ninguna evidencia de amenaza yihadista en el país.

Debido a la importancia y sensibilidad del caso, el cuarto circuito de la corte federal de Apelaciones sesionará directamente en formación plenaria, con el conjunto de sus jueces activos, algo nunca visto en un cuarto de siglo.

Los altos magistrados suman 15, pero dos se han recusado por iniciativa propia por potenciales conflictos de intereses, incluido el juez conservador J. Harvie Wilkinson, suegro del Wall.

La segunda versión del decreto cerraba temporalmente las puertas del país a los refugiados del mundo entero y a los ciudadanos de seis países de mayoría musulmana, en vez de los siete de la versión precedente.

Esta medida es la más controvertida de la administración Trump, que afirma, sin prueba alguna, que la inmigración agrava la criminalidad en Estados Unidos.

Trump: justicia “politizada”
Un vasto frente se ha levantado contra este decreto, en primera línea del cual figuran los estados gobernados por el Partido Demócrata, sobre todo los de la costa oeste, donde el presidente es particularmente impopular.

Entre los detractores de la medida de la Casa Blanca cuentan también asociaciones humanitarias, militantes sociales, agrupaciones estudiantiles y grupos económicos activos en las nuevas tecnologías, que emplean a numerosos extranjeros.

A fines de enero, la primera versión del decreto había provocado fuertes reacciones en el mundo y un verdadero caos en los aeropuertos estadounidenses.

Su aplicación fue suspendida el 3 de febrero por un juez federal de Seattle, en el estado de Washington.

La segunda versión, que sus redactores consideraban inaplicable en el plano jurídico, fue bloqueada por un juez de Hawái y otro del estado de Maryland, en el este del país.

En cada una de esas ocasiones, Trump denunció la “politización” de la justicia y dijo que continuaría su combate incluso hasta la Corte Suprema, para la cual designó recientemente a un juez conservador.

La apelación al fallo de Hawái será examinado dentro de una semana por un colegio de tres jueces federales en Seattle, en el estado de Washington (oeste).

Urgencia y desacuerdos
La corte de apelaciones de Richmond tratará el fallo del 16 de marzo del juez de Maryland Theodore Chuang, quien suspendió la aplicación del decreto tras tomar nota de la retórica antimusulmana de Trump desde la campaña electoral.

El juez Chuang intervino en el caso tras una denuncia de una coalición de organizaciones de defensa de las libertades y de los refugiados, integrada entre otros por la poderosa American Civil Liberties Union (ACLU).

Esta organización estará representada en las audiencias de apelación por el abogado Omar Jadwat, quien consideró que el decreto anti-inmigración era “una violación sin precedentes del principio constitucional básico de que el gobierno no puede perjudicar a ninguna religión en particular”.

Las mismas asociaciones estarán presentes en los debates del juicio en apelación, respaldadas por una docena de estados demócratas. Igual número de estados, gobernados por los republicanos, apoyan al gobierno federal.

La corte de apelaciones de Richmond “era la más conservadora de las (13) cortes de apelaciones federales pero se convirtió en más moderada, en parte porque el presidente (Barack) Obama designó en ella nuevos jueces”, dijo a la AFP Carl Tobias, profesor de derecho en la Universidad de Richmond.

“La decisión podría tener lugar de aquí a seis meses. Hay una urgencia evidente en que el fallo se pronuncie lo más rápido posible, pero tomará más tiempo porque habrá puntos de vista diferentes” entre los magistrados, que seguramente tendrán desacuerdos entre ellos, subrayó.