El informe de auditoría de la Contraloría General de la República sobre el Aeropuerto Internacional de Chinchero en el Cusco encontró responsabilidad penal en 10 funcionarios públicos y se especula que una de ellas es la actual viceministra de Transportes, Fiorella Molinelli, quien dijo sentirse indignada por esta acusación.

“Realmente me encuentro indignada por la burla que representa este informe de la Contraloría porque es un informe netamente político y nada técnico”, enfatizó.

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Agregó que el informe carece de sustentos técnico y legal, además que viola el debido proceso, ya que la Contraloría responde en “tres líneas” a todo el descargo en voluminosos documentos presentados por 16 funcionarios públicos involucrados en este proyecto.

“En los casi 20 años que tengo de funcionaria pública, en ningún momento he tenido alguna falta administrativa ni ninguna denuncia penal”, enfatizó.

Molinelli advirtió que hay claras contradicciones en el informe de la Contraloría y la principal es que una de sus conclusiones señala que se debe regresar al contrato original de la concesión, el cual tiene serias deficiencias en aspectos financieros.

“Le pido al Contralor que se incorpore dentro de los funcionarios que, por omisión, han incumplido con su labor de supervisión al contrato”, subrayó.

Explicó que cuando Alarcón era vicecontralor no hizo respetar el informe del 2014 de la Contraloría en el que se recomendaba poner una fecha límite al cierre financiero del proyecto, así como un límite a la tasa de interés de endeudamiento del proyecto.

“El informe actual recomienda regresar al contrato original, que es lo más trágico porque deja al Estado peruano en clara desventaja frente a un Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) porque lo que está diciendo el Contralor es que este contrato está bien diseñado”, puntualizó en Canal N.

En ese sentido, responsabilizó a Alarcón y sus funcionarios de la Contraloría por poner al Perú en una “situación débil” frente a un eventual arbitraje.

La viceministra señaló que la Contraloría tomó indebidamente un modelo financiero teórico que fue trabajado por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) pero que no está incluido en el contrato de concesión.

“Contra ese número, que no estuvo al alcance de los postores, (la Contraloría) compara a valor presente cuáles eran esas cuotas trimestrales que el Estado tenía que pagar el Estado a futuro y lo compara contra los pagos de la adenda, y al hacer la diferencia se establece una pérdida de US$ 40 millones”, indicó.

Mencionó que la Contraloría no tomó en cuenta el informe de la CAF, en el que se hace un análisis de mercado de las cuotas de pago del Estado peruano para este proyecto y si se traen a valor presente entonces se genera un ahorro de casi US$ 56 millones.