(Reuters).- El viceministro de interculturalidad, Iván Lanegra, renunciará en los próximos días, según Reuters, por una pugna en el gabinete sobre qué pueblos indígenas deben ser incluidos en la ley de consulta previa, promulgada hace más de un año.

Seis fuentes afirmaron que el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, presionó fuertemente para que no se incluyera a las comunidades quechuas por no considerarlas “indígenas” ni “originarias”; en contra de la opinión de Lanegra. Eso implicaría que sólo se incluirá a las tribus amazónicas y a algunos pequeños grupos aymaras y uros en el sur del país.

Cabe resaltar que las comunidades “quechua-hablantes” se ubican principalmente en los Andes donde las grandes mineras esperan iniciar sus nuevos proyectos.

Reuters buscó comentarios del ministro Merino en torno al tema, pero su portafolio no accedió de inmediato a los pedidos.

Antecedentes
El Ministerio de Cultura, basado en el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), ha identificado a 52 pueblos indígenas en el país: 48 de origen amazónico y cuatro de origen andino, entre ellos los quechuas.

“No pueden desconocerse los derechos de las comunidades campesinas a tener acceso a los derechos colectivos vinculados con los pueblos indígenas. Es una necesidad”, afirmó Lanegra el pasado viernes, en un foro sobre los derechos de indígenas.

Según datos de la Defensoría del Pueblo, las comunidades campesinas son propietarias del 18.74% del territorio peruano y las amazónicas son dueñas del 8.56%.

El viceministro Lanegra ha argumentado que el Convenio 169 de la OIT no hace referencia a la “indefensión” o “puridad” cultural, pero sí de la “diferencia cultural”. “La cultura indígena quechua-hablante es una realidad diferenciable”, agregó recientemente.

“Merino ha convencido al presidente que las comunidades quechuas deberían ser excluidas. Parece que Merino ha ganado”, dijo una influyente ex funcionaria de alto rango ahora estrechamente ligada a los actores involucrados en el tema.

“Creo que es un gran error y todos nosotros pagaremos al final del día”, afirmó la ex funcionaria que solicitó no ser identificada. “Cuando estas comunidades estén molestas van a atacar justo debajo de nuestras narices, las minas”, agregó.

Una fuente de la industria minera dijo que Merino “se ha dado cuenta que con esta ley el Gobierno se ha disparado en el pie y que está retrasando los proyectos en el sector minero”.