(Expansión) Cada año, los más de 7,000 millones de ciudadanos del mundo generamos cada uno más de siete kilos de basura electrónica: ordenadores, teléfonos móviles y televisores, pero también secadores de pelo, maquinillas de afeitar, memorias USB, cafeteras, videoconsolas, según Iniciativa Step, una alianza promovida por la ONU.

Abra el cajón de la cómoda. ¿Cuántos móviles antiguos guarda en su casa? Por ejemplo, se calcula que en España se desprenden de unos 20 millones de dispositivos móviles al año. Muchos van a parar a uno de los más de 30,000 puntos limpios distribuidos por la geografía nacional, o a una de las muchas compañías de compraventa y reciclaje de aparatos, pero la mayoría acaba en un cajón, en el mejor de los casos, o en el cubo de basura.

Lo mismo sucede con los equipos tecnológicos que manejan las empresas. “Deshacerse de los activos tecnológicos (servidores, ordenadores personales, monitores, impresoras, tabletas, teléfonos inteligentes…) que ya no se necesitan y del contenido en ellos almacenados (textos, fotos, videos, contactos…) puede ser un verdadero desafío para una compañía. Los beneficios son claros: ahorrar espacio y energía en oficinas y almacenes, y lo que es más importante, preservar y proteger la información y los datos que manejamos”, enumera Luis Gutiérrez- Jodra, director de IBM Global Financing para España, Portugal, Grecia e Israel.

¿Qué dice la ley?

En España, la legislación vigente con respecto a la protección de datos y a la recogida de residuos es clara y estricta. Los soportes informáticos que contienen información confidencial de la empresa y/o datos personales, han de someterse a un proceso previo de destrucción en cumplimiento de la Ley Orgánica del Parlamento Europeo, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Por su parte, el residuo informático debe ser reciclado en cumplimiento con las normativas RAEE, de Residuos y Medio Ambiente.

A pesar de ello, un estudio realizado por SearchDataCenter.com pone de manifiesto que el 46% de los encuestados no cumple con las normativas en cuanto a reciclaje de sus activos tecnológicos. “No cumplir con la ley, con este entorno regulatorio cada día más exigente, es un riesgo importante y que puede salir muy caro al tenerse que enfrentar a multas y sanciones muy significativas y nunca previsibles que impactan tremendamente en la cuentas de resultados de las empresas”, advierte Gutiérrez-Jodra.

La basura electrónica puede convertirse en un serio problema de privacidad y protección de datos, en un problema legal, pero en todos los casos supone un importante problema medioambiental. La solución está en buscar en el mercado proveedores que garanticen que hacen bien las cosas, que cumplen con las normas y que estén certificados.

Los problemas pueden aparecer por vías muy diferentes y pueden hacer referencia a hechos de un pasado lejano. No tenemos más que recordar casos publicados de fichas médicas tiradas a un contenedor conteniendo todos los datos personales
de los pacientes”, afirma.