Londres (AP).- La agencia británica de espionaje electrónico está legalmente autorizada a rastrear las actividades en línea de millones de británicos que usan plataformas con sede en Estados Unidos como Facebook, Twitter y Google, dijo el jefe del servicio antiterrorista nacional.

En una declaración difundida hoy, el director de la Oficina de Seguridad y Contraterrorismo, Charles Farr, dijo que los datos enviados en esos servicios están catalogados como comunicaciones “externas” y no “internas” debido a que los servidores de las compañías están fuera de Gran Bretaña.

Amnistía Internacional dijo que equivalía a una “intrusión a escala industrial”, pero Farr repuso que no se trata de vigilancia masiva debido a que la gran mayoría de mensajes interceptados de esta manera no son leídos.

La distinción entre comunicaciones externas e internas es significativa debido a que la agencia británica de inteligencia electrónica, GCHQ, tiene amplios poderes para interceptar comunicaciones fuera del país, mientras que necesita una orden judicial y sospechas de irregularidades para vigilar el tráfico nacional de internet.

Una definición amplia de lo que constituyen comunicaciones “externas” aumenta la cantidad de datos que la agencia puede revisar sobre las actividades cotidianas de millones de usuarios de internet en Gran Bretaña.

En la primera explicación pública de las reglas utilizadas por los ciberespías británicos, Farr dijo que los correos electrónicos intercambiados entre dos personas en la nación son habitualmente clasificados como comunicación interna aunque sean transmitidos por rutas fuera de la nación. Pero los textos cargados en Facebook y Twitter o las búsquedas en Google y YouTube que van a centros de datos fuera de Gran Bretaña caen dentro de la categoría de comunicaciones externas.

Farr agregó que los datos recogidos de este modo “no pueden ser leídos, vistos o escuchados” excepto en circunstancias estrictamente limitadas. Existen reglas para limitar el modo en que esos datos pueden ser revisados y el tiempo que pueden ser retenidos, aunque los detalles de esas regulaciones nunca se han hecho públicos.

“Es importante notar la distinción significativa entre el acto de interceptación mismo y que una persona lea, mire o escuche el material interceptado”, escribió Farr.

El ministerio del interior confirmó que el documento es genuino. Fue escrito en respuesta a una acción legal de grupos defensores de los derechos civiles incluso Amnistía Internacional, Liberty, Privacy International y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que buscan reducir el ciberespionaje.

James Welch, director legal de Liberty, dijo que el documento de Farr reveló que las agencias de inteligencia británicas “operan en un vacío legal y ético”.

“Si quedaba alguna duda de que nuestras leyes de espionaje necesitan una reforma radical, ha quedado despejada”, agregó.