(Bloomberg) Es prematuro sacar conclusiones sobre qué significará la presidencia de Donald Trump para los vecinos y socios comerciales de Estados Unidos, pero con todo lo que se dice sobre la construcción de un muro, deportaciones y la cancelación de acuerdos comerciales, los latinoamericanos que tienen familiares al norte de sus fronteras no están esperando mucho para obtener una respuesta.

Los dólares que envían los migrantes a sus países de origen en Centro y Sudamérica y en el Caribe se incrementaron a fines del año pasado en anticipación a la elección de Trump y han experimentado un abrupto aumento a partir de entonces.

En México, las remesas en dólares crecieron 25% en noviembre respecto de igual mes del año anterior –el nivel más alto en diez años–, luego aumentaron otro 6% en diciembre, para alcanzar en enero los US$ 2,055 millones, un récord mensual.

Datos que recopiló Bloomberg indicaron incrementos similares de las remesas a partir de octubre en Guatemala (un aumento récord de 22% en el año hasta febrero), Nicaragua (12%), Colombia (9.8%) y Ecuador (8.1%).

Es cierto que parte de eso obedece a inferencias económicas. La recuperación del mercado laboral de Estados Unidos ha permitido a los trabajadores migrantes enviar algo más de dinero a su país de origen.

Basta con considerar que dos terceras partes de los migrantes mexicanos enviaron dólares a su país el año pasado, en comparación con 50% que lo hizo en el 2015.

Muchos trabajadores extranjeros, sin embargo, podrían actuar de manera preventiva y enviar fondos con la mayor rapidez posible antes de que Trump, que ha hablado de gravar las remesas para solventar su muro fronterizo, pueda embargar sus dólares con destino al exterior o, peor aún, someter a deportaciones masivas a quienes se encuentran en Estados Unidos de forma ilegal.

Esas sombrías consecuencias podrían o no concretarse. Independientemente de ello, sin embargo, la bonanza de remesas destaca también un desafío mayor que se le plantea a América Latina: cómo usar las remesas para impulsar el desarrollo y mejorar la productividad local.

¿Pueden las sociedades más conocidas (por lo menos en Estados Unidos) por exportar migrantes ilegales revertir las cosas y utilizar esas remesas de moneda dura -ganadas con esfuerzo y en fuentes que tal vez sean efímeras- para conservar su talento y su energía?

Para muchos de los países más incultos del hemisferio, después de todo, las remesas son la gallina de los huevos de oro: México recibe en la actualidad más dólares procedentes de trabajadores residentes en el exterior que de las exportaciones petroleras.

Los US$ 17,000 millones que América Central recibió en el 2015 por parte de migrantes representaron casi 50% de los ingresos de unos 3.5 millones de hogares, según Manuel Orozco, un investigador del programa de migración, remesas y desarrollo de Diálogo Interamericano. En total, esos hogares tuvieron ahorros colectivos de US$ 3,000 millones ese año.

“Eso es muy bueno para las familias receptoras y también para los gobiernos”, dijo Alberto Ramos, un analista de mercados en vías de desarrollo de Goldman Sachs. “Se trata de dinero que llega a hogares de bajos ingresos, que mejora la cuenta corriente nacional y que, con una orientación adecuada, puede aprovecharse en el plano interno”.

Eso es precisamente lo que pensaba el ministro de Finanzas de Guatemala, Julio Héctor Estrada, cuando propuso vender bonos con denominación en dólares en el país para absorber parte del monto sin precedentes de US$ 7,100 millones que los migrantes guatemaltecos enviaron a su país el año pasado.

Los funcionarios gubernamentales esperan disuadir a los receptores de convertir el total de esa moneda dura a quetzales -lo cual, temen las autoridades, podría impulsar la inflación- y convencerlos, en cambio, de volcar parte de esa suma a proyectos de desarrollo.

Otro desafío relacionado con el tema es que sólo alrededor de 30% de los latinoamericanos tiene una cuenta bancaria, y que la región se encuentra rezagada respecto de otros mercados emergentes en lo relativo a la llamada inclusión financiera familiar.

Es por eso que, si bien cerca de las dos terceras partes de los hogares centroamericanos logra ahorrar dinero, en su mayoría lo guarda de manera informal, en ahorros “bajo el colchón”, que tienen bajos retornos y una administración pobre.

“El desafío es impulsar la creación de riqueza en América Latina, y eso implica invertir en capital humano y en la economía del conocimiento”, me dijo Orozco.

Antes, sin embargo, la región tendrá que repensar la estrategia de desarrollo. Basta con pensar en la Alianza para la Prosperidad, un programa de US$ 750 millones que cuenta con financiación de Estados Unidos y busca frenar la migración de Guatemala, Honduras y El Salvador, en parte por medio de inversiones en sectores como agricultura, turismo y manufactura.

Si bien se trata de iniciativas bienvenidas, soslayan uno de los motores clave de la migración: la falta de oportunidades. La mayor parte de los casi 200,000 centroamericanos que tratan de dejar su región todos los años no son indigentes, sino integrantes de la clase media baja. Aspiran a empleos mejores, no a ser mano de obra rural no calificada ni a trabajar en una fábrica.

Una mejor educación ayudaría a quienes buscan empleo, pero no es lo habitual en los colegios locales. Por ejemplo, mientras casi todos los países de la región han logrado la matriculación universal en la escuela primaria, conservar a los alumnos en los colegios y mejorar la calidad de la educación son elementos cruciales.

Un estudio indicó que en el 2013 sólo el 7% de los trabajadores guatemaltecos había completado 13 años de escolaridad, la cantidad mínima de años de estudios que los especialistas consideran necesaria para poder escapar a la pobreza.

No es extraño que por cada dos personas que se incorporan a la fuerza de trabajo de la región todos los años, un centroamericano se dirige a la frontera.

Es ahí donde tienen que concentrarse los expertos y el sector privado. Los investigadores ya saben que las familias que reciben dólares del exterior no sólo buscan ahorrar, sino que es más probable que dediquen ese ingreso adicional a educación que aquellos que no reciben remesas. Las autoridades locales tienen que garantizar que la inversión valga la pena, mientras que las instituciones financieras pueden ayudar a las familias a formalizar sus ahorros.

El Salvador hace abrigar esperanzas. Luego de apenas 20 minutos de asesoramiento presencial, expertos en finanzas convencieron a clientes de una cooperativa de ahorro salvadoreña de abrir cuentas, y 15% de ellos lo hizo de inmediato.

Orozco calcula que una campaña nacional que llegue a apenas 30% de los receptores de remesas podría convencer a 200,000 familias de sacar sus ahorros del cajón de los calcetines y trasladarlos al banco, lo que derivaría en US$ 100 millones en depósitos.

Las remesas no pueden mejorar una educación deficiente ni impedir que organizaciones delincuenciales elijan y atraigan a jóvenes en edad escolar con promesas de riqueza y gloria basadas en drogas y delitos.

Pero volcarlas a un desarrollo más inteligente podría contribuir a que los latinoamericanos que quieren progresar se queden en sus países y eviten hacer viajes peligrosos a tierras extrañas en las cuales cada vez son menos bienvenidos.