A no todos los brasileños les entusiasma el Mundial. Para facilitar los accesos a los estadios, donde se jugarán los encuentros de la Copa del Mundo, el país anfitrión ha puesto énfasis en las obras de infraestructura de las doce ciudades sede y, para concretar esos proyectos, centenares de habitantes fueron obligados a dejar sus viviendas.

Muchos de ellos ahora reclaman no haber recibido una atención adecuada. En Recife (Pernambuco), los desalojados aseguran que han recibido una indemnización por debajo del valor de sus inmuebles.

Los representantes de la Secretaria de Expropiaciones de Pernambuco fueron quienes buscaron a los residentes, evaluaron los terrenos y propusieron la indemnización que se les entregaría tras abandonar sus viviendas.

Pero lo ofrecido generó rechazo entre los desalojados y quienes se opusieron a la propuesta recurrieron a la Defensoría Pública, lo que ha ido sumando procesos por una indemnización más justa.

Los agentes públicos señalan que el pago de las indemnizaciones obedece a normas técnicas y parámetros de ingeniería. Mientras tanto, el gobierno dice que, en caso de bajas indemnizaciones, el problema radica en la situación irregular de algunos propietarios, quienes no entregaron la documentación completa.

Algunos de los residentes, no obstante, indican que, a pesar de que regularizaron la situación de sus inmuebles, recibieron una indemnización demasiado baja.

La constatación
Luego de visitar las ciudades anfitrionas del Mundial, Raquel Rolnik, relatora de las Naciones Unidas para una Vivienda Adecuada, constató, de acuerdo a información recogida por BBC Mundo, irregularidades en las expropiaciones, argumentando que “el derecho a la vivienda ha sido violado en prácticamente todos los casos […] Y cuando se paga indemnización o un subsidio para el alquiler, los valores son totalmente insuficientes para financiar el acceso a una nueva vivienda”.

La Secretaría de Comunicaciones del ejecutivo federal concluye, por su parte, que la responsabilidad recae en los gobiernos municipales y estatales.

Cifras y datos
Los pagos. Las indemnizaciones oscilaron entre US$ 1,350 y US$ 135,400.
Presupuesto. El Estado de Pernambuco disponía cerca de US$ 43.8 millones para el pago de indemnizaciones. Gastó US$ 39.4 millones.

Casos. Algunas indemnizaciones no equivalen ni la mitad del valor de las casas.

Sin una política de vivienda adecuada
La Procuraduría General del Estado de Pernambuco reconoce que hubo problemas en las expropiaciones. “Tenemos una Copa y debemos tomar algunas medidas en las ciudades sede. Pero no hay una política que resuelva estos problemas, que ofrezca una vivenda a las personas desalojadas por estas obras”, admitió Thiago Arraes de Alencar Norrões a BBC Mundo.

“Antes de cualquier acción urbanística, antes de desalojar a las personas, hay que pensar donde colocarlas”.