El Ejecutivo dio marcha atrás, dejando sin efecto la ampliación de la cobertura de salud e invalidez para trabajadores en actividades de riesgo, denunció a través de su cuenta de twitter el presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg), Eduardo Morón.
Es pésima señal q el gobierno deje sin efecto la ampliación de la cobertura de salud e invalidez para trabajadores en actividades de riesgo
— Eduardo Moron (@lalomoron) 19 de enero de 2017
En esa línea, recordó que en otros países como en Chile o Colombia la situación es totalmente distinta dado la cobertura para estas actividades es alta.
“En Chile, el 64% de la PEA tiene esta cobertura, mientras que en Colombia llega al 35%. ¿Saben cuánto es en Perú? 9%. Recién nos estábamos poniendo al día. La decisión del Ejecutivo es pésima”, refirió en la red social.
En Chile 64% de la PEA tiene esta cobertura, en Colombia 35%. Saben cuánto es en Perú?? 9%. Recién nos estábamos poniendo al día. Pésimo.
— Eduardo Moron (@lalomoron) 19 de enero de 2017
¿Cuál era la propuesta del Ejecutivo? La ampliación de la Cobertura del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) a 214 actividades económicas entre las cuales se encontraban las referidas a servicios de seguridad privada, fabricación de alimentos, manipulación de carga y varias en el sector agro y ganadería.
En opinión del Apeseg, en estas industria los trabajadores están expuestos a disparos, accidentes de líneas de producción y daño por productos químicos, entre otros riesgos inherentes. La norma derogada hubiese permitido que aproximadamente 500,000 nuestros trabajadores tengan esta protección social.
Este seguro es contratado obligatoriamente por las empresas para aquellos trabajadores que por sus actividades están más expuestas a accidentes o enfermedades.
Así, se impulsaba la cobertura a un total de 400 actividades que comprendían a sectores intensivos en mano de obra como la manufactura, la agricultura y el transporte, principalmente
Apeseg instó a las autoridades a reconsiderar la decisión y adecuar progresivamente las normas peruanas a estándares internacionales, ampliando y no reduciendo la protección a los trabajadores y sus familias.
