La polémica por la ley de Alimentación Saludable ha traído a colación otro tema que tiene relación con la promoción de adecuados hábitos de consumo: el de la alimentación que se vende desde las cadenas de comida rápida o ‘fast food’ y también de los restaurantes.

Alejandro Daly, presidente del Comité de Alimentos y Bebidas de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) advirtió a Gestión.pe que la medida, que acaba de ser reglamentada por el Ejecutivo, no los comprende ya que solo norma a la comida procesada.

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Así, desde el Congreso, ¿se ‘cocinan’ medidas para mejorar la información nutricional de los alimentos que se expenden desde estos negocios?

Al respecto, el congresista de Fuerza Popular, Daniel Salaverrry, no descartó esta posibilidad, aclarando que las propuestas legislativas sobre estos negocios, no tendrían un fin regulatorio o busquen impedir la elección del consumidor, sino que serían de carácter informativo, en la misma senda que la ley de Alimentación Saludable (Ley 30021).

“Me parece que es un tema (promover la alimentación saludable) que podremos retomarlo en los meses que viene. No lo descartó (que se puedan presentar propuestas legislativas para los ‘fast food’), ya que todo lo que sea mejorar las condiciones y la información que se le brinde al consumidor para que tome una decisión responsable al momento de consumir un producto, me parece positivo”, refirió a Gestión.pe.

En ese contexto, el parlamentario remarcó que por el momento, la ley de Alimentación Saludable está focalizada básicamente en los quioscos dentro de los centros educativos.

“No hay una ley que regule la venta de comida rápida o chatarra, es complicado hacerlo, por lo que se tiene que hacer es brindarle información al consumidor, ya que un legislador no puede impedir a los ciudadanos consumir una hamburguesa, por ejemplo, pero puede brindarles las herramientas para que elijan en base a información completa, entendible, clara y sencilla. Eso es lo que se puede hacer desde el Congreso”, puntualizó.

De una opinión similar es la del representante en Perú de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), Raúl González Montero.

El funcionario alertó que la ley de Alimentación Saludable y su reglamentación son sumamente necesarias dado que en los últimos 13 años, específicamente entre el 2000 y 2013, el consumo de productos procesados en Perú se disparó en 265%. Ante lo cual, opinó que también se debe vigilar lo que pasa con las cadenas de comida rápida.

“En este momento se está creando un reglamento para legislar una ley dedicada a los alimentos procesados, evidentemente no debe ser la única medida ya que esta ley y reglamento incorpora no solamente la calidad de los nutrientes, ya que habla también de hábitos de vida saludable, de los alimentos que se venden en los colegios, de la implementación de un observatorio. Por supuesto que harían falta muchas cosas más en Perú para una adecuada promoción de alimentación saludable y que está sea integral”, indicó.

Plazos para la implementación de la ley
Otro tema álgido respecto a la ley de Alimentación Saludable, está referido al tiempo para su implementación. De acuerdo al reglamento, su plena vigencia se dará en dos fases, una primera de seis meses de la Aprobación del Manual de Advertencias Publicitarias y otro de 39 meses, tomándose en total hasta cuatro años.

Al respecto el representante de la OPS/OMS, Raúl González Montero, planteó reducir estos plazos a 18 meses como máximo (un año y medio).

¿Cuál es la posición del Congreso? El presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Juan Carlos Gonzales, comparte la propuesta planteada por el organismo internacional.

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“Respecto a los tiempos (para su implementación) siguen siendo excesivos. En esa línea, vamos a presentar un oficio para que puedan reducirse los tiempos o, caso contrario, plantear una modificación al reglamento”, comentó.

En esa línea, detalló que estos cambios serían presentados de manera individual por los integrantes de la comisión parlamentaria, en los próximos días.

“Se van a presentar (estos cambios) a través de la comisión (de Defensa del Consumidor), pero serán los propios congresistas que lo planteen. En lo personal, consideró que el plazo (para la implementación de la ley) debería reducirse de 12 a 18 meses”, específico.

Una posición similar es la de congresista, también de Fuerza Popular, Daniel Salaverry.

Gonzales, asimismo, explicó que el próximo martes 27 de junio, la ministra de Salud, Patricia García, conjuntamente con representantes de la Digesa asistirán a este grupo de trabajo para brindar detalles de los fundamentos del reglamento y de los plazos establecidos.