Autoridades decomisan software pirata por más de S/. 5.4 millones

Es la cuarta intervención del año, demostrando el firme propósito de las autoridades de combatir los delitos contra los derechos de autor.

Un grupo de 15 stands de la galería Compuplaza, ubicada en el Cercado de Lima, fueron intervenidos por las autoridades y se incautó software de procedencia ilegal en 15,000 unidades de CD aproximadamente, lo que equivale a S/. 5.4 millones.

El operativo fue realizado de manera conjunta entre la Dirección de Delitos Intelectuales de la Policía Fiscal del Perú y la Segunda Fiscalía Especializada en Asuntos de Propiedad Intelectual.

Los S/. 5.4 millones se suman así, que sumado a los más de 10 millones de soles incautados en lo que va del año, superan la cifra de 15 millones en software pirata, decomisados por las autoridades.

En total, más de 150 efectivos participaron de la intervención que duró cerca de una hora.

Entre los productos que se vendían de manera ilegal figuraban sistemas operativos, programas de diseño, ofimática y diversos juegos, entre otros, que ponen en peligro la seguridad y privacidad de la información de los usuarios que los instalan en sus equipos, dejándolos indefensos y expuestos a robos de información, potenciales hurtos en sus cuentas bancarias e incluso ser víctima de suplantación de identidad para cometer un delito

Según el último informe de la BSA (The Business Software Alliance), el 65% de software es ilegal en el Perú, lo que refleja la poca conciencia acerca de los perjuicios que esto puede generar a los dispositivos electrónicos.

Según este informe, uno de cada cuatro software “piratas” está infectado por virus, poniendo toda nuestra información en grave riesgo de robo o pérdida.

La Ley de Derechos de Autor, Decreto Legislativo 822, sanciona el uso ilegal de software con multas de hasta 180 UIT (S/. 693 000), sin perjuicio del pago de los derechos devengados por el tiempo en que se ha incurrido en la práctica. El Código Penal castiga a quien incurre en este delito con pena privativa de la libertad de hasta ocho años.

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