(Bloomberg) Muchos en la comunidad internacional conocen la deuda venezolana que Goldman Sachs Group compró el mes pasado como los “bonos del hambre”, pero en Wall Street se están ganando un apodo diferente: los bonos del repudio.

En los días transcurridos desde esa controvertida transacción, numerosos inversionistas han sido abordados por corredores que hacen un tanteo inicial de su interés en los bonos, y casi sin excepción, dicen que desconfían de títulos que la oposición venezolana califica de ilegítimos y afirma que no serán reembolsados si toma el control del gobierno.

El hecho de que hayan planteado tan rápido esta preocupación marca una gran victoria para el grupo de legisladores encabezado por el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, que luego de que el presidente Nicolás Maduro les quitara poder el año pasado, están tratando de ejercer influencia de una de las únicas maneras que pueden.

Los políticos dicen que intentan impedir que el gobierno venda deuda a centavos por dólar y recaude fondos no aprobados que se usan para comprar armas destinadas a reprimir a los manifestantes.

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El riesgo del repudio es evidente en el precio que Goldman Sachs Asset Management supuestamente pagó por los US$ 2,800 millones de bonos de la petrolera estatal PDVSA con vencimiento en 2022 --apenas 31 centavos por dólar, según el Wall Street Journal.

Los funcionarios venezolanos que buscaban dinero en efectivo sabían que tenían que ofrecer un descuento debido al riesgo de que un futuro gobierno pueda renegar del acuerdo, según Francisco Rodríguez, economista jefe de Torino Capital.

“Creo que hay que transmitir a los clientes que existe un mayor riesgo de repudio para estos bonos que para otros bonos de PDVSA”, dijo en una entrevista.

La disposición de los inversionistas a prestar es fundamental para Maduro en tanto enfrenta protestas diarias exigiendo que su salida en medio de una escasez crónica de alimentos, medicamentos y otros artículos básicos. Sesenta y siete personas han muerto hasta ahora en los enfrentamientos y más han resultado heridas o encarceladas.

Para conseguir los dólares necesarios para realizar pagos de intereses y financiar las compras de importación, Maduro ha endeudado cada vez más al país captando relativamente poco dinero en efectivo.

A los legisladores les preocupa que trate de vender otros US$5.000 millones de títulos en manos de un banco estatal o que intente monetizar las reservas de oro del país con un valor de US$7.600 millones.

Los riesgos asociados a la compra de los bonos de PDVSA –-90 por ciento de los cuales están en manos de Goldman-- no se reflejan en los precios de los valores cotizados por los corredores, haciéndolos poco atractivos para los posibles compradores entrevistados por Bloomberg.

Los inversionistas dicen que los corredores vienen cotizando precios indicativos de oferta cercanos a 35 centavos por dólar, mientras que un bono similar que los legisladores no han amenazado repudiar se consigue por sólo un par de centavos más.

A las inquietudes de los inversores se suma si tendrían derecho a una recuperación completa en caso de un impago o de una reestructuración de la deuda.

Su preocupación es que el próximo gobierno pueda tratar de sancionar una ley local de quiebras para PDVSA que limite los reclamos diciendo que los bonos 2022 se emitieron originalmente con un descuento.

Los bonistas podrían perder si un tribunal de quiebras estadounidense accediera a hacer cumplir esa petición en los Estados Unidos.