(Arequipa) Dos tercios de los proyectos mineros con Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado, que representan un valor de US$ 18 mil millones, han sufrido un retraso debido a los conflictos sociales, reportó Lino Abram, director de McKinsey & Company.
“Esto es una realidad y es un tema a resolver de una manera urgente”, exhortó al Gobierno durante su presentación en la 31 Convención Minera-Perumin 2013.
Advirtió que si no se ejecutan estos proyectos, ocurrirá un impacto negativo importante en el crecimiento económico. “Depende cómo lo querramos medir, el impacto puede ser de entre 1 y 1.5 puntos en el PBI o más o menos va a representar un 20% de la capacidad de crecimiento del país”.
Pero más allá del crecimiento –dijo Lino abram–, está el impacto inmediato en la capacidad de generación de empleo. Si no se ejecutan estos proyectos, se perderán entre 200 y 300 mil puestos de trabajo directos, y entre 500 y 700 mil puestos indirectos.
“Debería ser una prioridad nacional el asegurarnos de alinear incentivos y que todas las partes empiecen a tomar acciones en un mismo plan de trabajo”, finalizó.
