Si bien el ministro Pedraza aseguró que la inseguridad ciudadana se debe al crecimiento económico, para Juan Mendoza, director de la Maestría en Economía de la Universidad del Pacífico, no hay nada más lejano de la realidad. “Si fuera cierto, sombrío sería el panorama de la seguridad en la medida que nuestro país se desarrolle”, ironizó.

Para el investigador, este Gobierno y los dos anteriores han abandonado la función de proteger al ciudadano, pues el presupuesto asignado al Ministerio de Interior ha caído de 8.5% a 5%. “Recursos tenemos, es un problema de no asignarlos bien”, acotó en Canal N.

“El Gobierno debería doblar el presupuesto en seguridad ciudadana, que sería regresar a lo que históricamente se gastaba. Deberíamos asignar más o menos 10% del PBI. El problema es que el Estado ha crecido y ha asumido otras responsabilidades, sin cumplir con las fundamentales”, anotó.

Por ejemplo, comentó, lo que se planeaba destinar a la compra de los activos Repsol supera la inversión pública en seguridad interna. “El Estado dice de facto: Como los privados se protegen entonces no tengo que dedicarme tanto a protegerlos. Es un abandono de su función fundamental”, cuestionó.

El economista remarcó además que las personas de menores recursos son las que más sufren por la delincuencia. “No proteger a las personas es la peor forma de distribuir los ingresos, porque se van desde las personas productivas a los delincuentes”, remarcó.

“Tenemos el doble de policías que Chile en términos per cápita. El problema es que los policías peruanos en el grado de suboficiales, corrigiendo por paridad de compra, tienen un tercio de la remuneración que tienen en Chile”, refirió.

Datos subestimados
Según Mendoza, los datos oficiales están subestimados porque existe la tendencia a no reportar los crímenes por desconfianza al sistema. “Probablemente el número de delitos sea el doble”, estimó.

Asimismo, aseguró que -según los estimados más conservadores- la inversión de los privados en su seguridad ascendería al 10% del PBI, siendo el gasto por persona entre US$ 500 y US$ 1,000 anuales. “Hay ausencia de liderazgo por parte del Estado, que debe centralizar las decisiones y decidir cómo se asignan los recursos”, añadió.