(Bloomberg) Un “mercado único digital”, como una moneda común, es una de aquellas grandes ideas europeas que suenan mejor de lo que funcionan. Véase, por ejemplo, el torpe intento de la Comisión Europea de usar la ley de derechos de autor como arma dirigida en contra de intrusos estadounidenses como Google y Facebook.

Una disposición de un nuevo proyecto de ley propuesto por la Comisión Europea reconoce el derecho de los editores a un cobro de licencia cada vez que un recopilador de noticias, como Google News, utiliza aunque sea un fragmento del contenido del editor. Los recopiladores de noticias actuales no pagan dicho cobro.

¿A quiénes beneficiaría ese cobro de licencia? No a los lectores, ciertamente: Solo haría más difícil encontrar el trabajo de los editores. Tampoco a los recopiladores, cuya propuesta de valor depende de ofrecer a sus consumidores la mayor diversidad posible de información.

Los editores parecen pensar que los principales beneficiarios serán ellos –presionaron fuertemente por el derecho a cobrar un honorario– pero no está del todo claro si así será. Cuando los editores alemanes intentaron forzar a los recopiladores a pagar un cobro de licencia en el 2014, al aplicar la legislación que entró en vigor el año anterior, Google News se negó y dejó de usar fragmentos de artículos alemanes. El gigante editorial Axel-Springer constató que el tráfico de Google News se desplomó un 80 por ciento durante el corte de dos semanas. Los editores cedieron y renunciaron al pago. España intentó una propuesta similar en el 2015, con resultados predecibles.

Los recopiladores de noticias son perturbadores, por supuesto, pero también son salvadores: Pueden hacer crecer (y globalizar) a una pequeña audiencia local. Ciertamente, los editores deben encontrar nuevas formas de adaptarse y generar beneficios. La búsqueda de protección bajo la consigna de la ley de copyright no es la manera de hacerlo.

La propuesta de derechos de autor de la comisión, que actualiza una ley que depreda a los smartphones, también tiene algunas virtudes. Permitiría a las instituciones de patrimonio cultural distribuir obras que ya no están disponibles para el público, por ejemplo, y clarificaría la incertidumbre jurídica en torno al material protegido por derechos de autor utilizado por profesores e investigadores. Pero la aceptación de estas excepciones es muy distinta a la creación de nuevos derechos. En términos generales, la comisión necesita aplicar una normativa más ligera. Ahora depende del Parlamento Europeo y de los gobiernos integrantes, mientras revisan la propuesta, asegurarse que así sea.