Bloomberg.- Venezuela está recurriendo a su región petrolífera más preciada en una búsqueda desesperada de dinero, lo que provoca resistencia en una oposición que intenta cortar un salvavidas para el presidente Nicolas Maduro.

Esta semana, la Corte Suprema aprobó un proyecto en la región petrolera del Orinoco sin la aprobación de la Asamblea Nacional controlada por la oposición, que había autorizado anteriores empresas conjuntas.

El socio de la estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) en el proyecto Petrosur pagó un bono de entrada de US$400 millones, según la gaceta oficial del país.

El acuerdo es ilegal y vulnerable a la corrupción porque no fue aprobado por la legislatura, dijo el legislador de oposición Ángel Alvarado en una entrevista.

“El gobierno tiene un severo problema de flujo de caja y no sabe de dónde sacar recursos”, dijo Alvarado, miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional.

“Tenemos que estar muy pendiente con la Faja del Oricono porque es de lo único que les queda; están tratando de venderla a pedazos y por eso lanzan sentencias como la que aprueba la constitución de Petrosur”.

Las reservas de oro del país y un pequeño grupo de bonos que todavía tiene el gobierno son potenciales objetivos de venta a lo que la oposición debe oponerse, dijo Alvarado. Goldman Sachs Asset Management sufrió una vergonzosa campaña por parte de la oposición venezolana en mayo, luego de haber comprado US$ 2,800 millones en bonos que mantenía el banco central.

Los críticos los llamaron “bonos del hambre”, argumentando que la decisión de Maduro de seguir pagando la deuda externa era inhumana, dada la escasez de comida, medicamentos y otros bienes básicos.

“Los grandes bancos y los fondos de inversión están cautelosos en cuanto a hacer inversiones con Venezuela y eso se ha logrado gracias a las denuncias y a la presión que hemos hechos desde la Asamblea Nacional como oposición”, dijo Alvarado.

“Muchos nos llaman para preguntarnos directamente qué operaciones son legales y cuáles no”, dijo.

El Tribunal Supremo de Venezuela a finales de marzo otorgó a Maduro poderes amplios para autorizar empresas conjuntas petroleras sin la aprobación del Congreso en un controvertido fallo que provocó protestas nacionales, en tanto también despojó a la Asamblea Nacional de sus facultades.

Aunque la decisión fue parcialmente revertida después de las críticas internacionales, la disposición de las empresas conjuntas petroleras se mantuvo inalterada.

La oposición debe permanecer vigilante mientras el gobierno continúa vendiendo las joyas de la familia para aliviar su crisis de efectivo, dijo Alvarado. Las reservas extranjeras han disminuido a niveles no vistos en 15 años en medio de la continua caída del petróleo y un colapso en la economía nacional.

Dijo que los inversionistas han mostrado interés en los bonos 2024 emitidos por PDVSA, de los cuales US$ 869 millones aún estaban en manos del gobierno a septiembre, según la consultora Ecoanalítica, con sede en Caracas.