(Bloomberg View).- He aquí algo que probablemente ya sepan sobre América Latina: en una región devastada por la corrupción y los sobornos políticos, el respeto por las autoridades electas está tocando fondo. Los constantes escándalos de corrupción son una de las principales razones de que el descontento respecto de la democracia sea más grande en esta región que en cualquier otra.

He aquí algo que quizá no sepan: el defectuoso sistema judicial se está componiendo y por fin pide rendición de cuentas a autoridades aparentemente intocables.

No hay lugar donde esto sea más crucial que en Brasil, donde jueces independientes –respaldados por unos fiscales y una policía federal diligentes- dieron el ejemplo al exponer la corrupción en la cima del poder, recuperando un mínimo de respeto por las desacreditadas instituciones democráticas del país.

Una encuesta llevada a cabo en febrero reveló que los brasileños calificaban al ex presidente de la Suprema Corte Joaquim Barbosa, que tramitó un juicio por corrupción anterior, como el más digno de confianza entre doce importantes figuras públicas. (El juez federal Sergio Moro, que tiene a su cargo la causa por corrupción en la petrolera estatal Petrobras conocida como “Lava Jato”, se ubica tercero.) “La justicia respondió mejor que otras instituciones a la crisis de corrupción de Brasil”, dijo Joaquim Falcão, decano de la Facultad de Derecho de la Fundación Getulio Vargas de Río de Janeiro.

Era hora. El aumento de los delitos políticos ha sometido al máximo tribunal del país a la prueba quizá más rigurosa desde el retorno de la democracia hace tres décadas. La forma en que se desempeñe la suprema corte en parte definirá cómo surgirá Brasil de una crisis que ha paralizado la economía y la toma de decisiones y ha sacudido a la sociedad como nunca.

Desde que comenzó en marzo de 2014, la gigantesca investigación sobre corrupción en Petrobras ha comprometido a decenas de oscuros lobistas, importantes funcionarios del Estado y altos ejecutivos de empresas. Pero recién ahora la policía y los fiscales están llegando a establishment político.

Una de las razones es que los políticos en funciones son una casta amurallada que goza de fueros parlamentarios que le permiten negarse a responder ante la policía o los tribunales a menos que se los pesque in fraganti en un acto delictivo grave como el robo o el asesinato. Sólo la Suprema Corte puede ordenar que se los investigue o se los lleve a juicio, y ningún legislador puede ser procesado sin el consentimiento previo del Congreso, donde impera el espíritu de cuerpo. No es de sorprender que sólo tres de los 62 sospechosos condenados hasta ahora en el caso del Lava Jato sean políticos.

Pero eso está cambiando, gracias a policías y tribunales entusiastas que investigan a una burocracia nacional invadida por la corrupción. Veamos el caso de Sergio Machado, ex ejecutivo de Petrobras devenido arrepentido en el Lava Jato. Las 377 páginas de la declaración de Machado sobre la corrupción en Petrobras, parte de un acuerdo de reducción de cargos, que fue difundida por la fiscalía el 15 de junio, parece una lista de nombres de la elite gobernante de Brasil.

No están excluidos de ella el presidente interino Michel Temer y el líder de la oposición Aecio Neves, a quienes Machado acusó de ayudar a desviar US$29 millones de contratos de abastecimiento de Petrobras a las arcas de campaña. Esas acusaciones todavía no se han probado. Y con tres de diez legisladores de la cámara baja actualmente bajo investigación penal y unos testigos del Estado que apuntan a las altas esferas del gobierno, el supremo tribunal tiene por delante una difícil tarea.

¿Los jueces de mayor rango de Brasil están a la altura de su misión? Es un tema complicado.

En un amplio estudio reciente de la Facultad de Derecho de la Fundación Getulio Vargas, los investigadores pintaron un cuadro preocupante. Según sus cálculos, el tribunal de once miembros está enormemente sobrecargado, es lento para emitir fallos y es propenso a dictámenes arbitrarios.

En parte el problema se debe al pesado mandato constitucional de la corte. A diferencia de la Suprema Corte de los EE.UU., que puede elegir las causas, la de Brasil está obligada a tratar casi todas las que recibe. En consecuencia, cada año llegan al tribunal unas 70.000, que abarcan desde cuestiones de derecho constitucional hasta casos de violencia doméstica.

Esto es resultado de unas buenas intenciones que acabaron mal. La historia brasileña es un cuento con moraleja sobre autócratas demasiado ambiciosos. Un Poder Judicial fuerte fue la respuesta del país a dos décadas de una dictadura militar (1964 a 1985) que acalló a todas las demás instituciones. Hoy la Suprema Corte no es una monocracia pero sí una especie de monstruo. La disfuncional carga de trabajo es el daño colateral.

Como el pleno de la corte no puede tramitar tantas causas, la carga se reparte entre sus jueces. Alrededor del 90 de las causas de la Suprema Corte se deciden por el fallo de un solo juez. Semejantes prerrogativas son una invitación a la arbitrariedad y, en ocasiones, a la defensa desvergonzada del propio interés. Es lo que ocurrió con el caso de 2014 en el que el juez Luiz Fux aprobó por cuenta propia una moción para otorgar a los jueces federales un sobresueldo para vivienda, desatando con ello una cascada de peticiones similares de los jueces y fiscales de todo el país que sumó unos US$575 millones a la cuenta de impuestos de los contribuyentes.

“Hay once jueces y cada uno puede decidir qué causas tramitar”, dijo Falcão, que coordinó el estudio para la fundación. “En lugar de resolver las dudas, esto crea inseguridad”.

Por otra parte, la calidad de los fallos no siempre es confiable. Una búsqueda básica de textos en 120,000 fallos dictados entre el 2011 y 2013 reveló que los jueces habitualmente cortan y pegan párrafos enteros de fallos anteriores.

Pese a estas fallas, los analistas creen que la innovadora investigación del Lava Jato no está en peligro. La misma sobrecarga de casos que permite que los jueces elijan qué batallas legales quieren librar también garantiza que la opinión pública los mantenga concentrados en ellas.

Eso fue lo que sucedió en el 2012, cuando el alto tribunal condenó a dos docenas de aliados y altos funcionarios del partido gobernante en un escándalo político de sobornos aun cuando ocho de sus once jueces habían sido nombrados por la misma coalición gobernante.

“Con toda la presión de la calle, no tengo dudas de que la corte manejará con habilidad los casos de corrupción política que le lleguen”, dice Ivar Hartmann, constitucionalista de la Fundación Getulio Vargas. “Lo que me preocupa son los otros miles de causas que quedarán a mitad de camino”.

En un país en el que los funcionarios corruptos con demasiada frecuencia han sido intocables, ese es un sacrificio que muchos brasileños están dispuestos a aceptar.

Por Mac Margolis.

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