(Bloomberg) No pasa a diario que todo el sistema político de un país caiga en desgracia al mismo tiempo, como sucedió en Brasil el 12 de abril, cuando el juez de la Suprema Corte Edson Fachin extendió la creciente investigación “Lava Jato” a la totalidad del gobierno.

Un tercio del Senado nacional y un 10% de la Cámara de Diputados forman ahora oficialmente parte de la histórica investigación sobre sobornos y estafa. También se investigará a cuatro ex presidentes, tres de ellos en una corte inferior.

No es extraño que se diga que el presidente Michel Temer es un admirador de “Designated Survivor”, la fantasía de Netflix sobre un politólogo que despierta desconfianza y que debe reconstruir los Estados Unidos luego de un devastador ataque terrorista.

Habría que disculpar a los brasileños por considerar que su versión de Kiefer Sutherland es menos heroica: si bien Temer tiene fueros que lo protegen de la investigación, por lo cual no integró la lista de la Suprema Corte, las versiones sobre su conducta le valieron infinidad de menciones en testimonios de convenios judiciales.

Pero no todo está perdido. Al enumerar sospechosos en todo el espectro político –desde los ex presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff del izquierdista Partido de los Trabajadores, hasta sus rivales del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, de centro-derecha, incluido el ex candidato presidencial Aécio Neves–, el juez Fachin ha dado por tierra con la tradicional concepción partidaria brasileña de “ellos contra nosotros”.

Si los nerviosos manifestantes y los votantes decepcionados del país prestan atención al caos político sin precedentes que reina en el país, este podría ser un raro momento de purificación para la democracia más grande –y tal vez la más compleja– de América Latina.

Muchos de los 28 partidos con representación en el Congreso existen sólo para aprovechar las obras públicas, según confesiones de contratistas arrepentidos cuyas revelaciones difundió la Suprema Corte la semana pasada.

“Su gente tiene una enorme boca”, le advirtió al ex presidente Lula Emilio Odebrecht, el patriarca del grupo de ingeniería Odebrecht SA, que está en el centro de un escándalo de corrupción, según una declaración por escrito a los fiscales.

“Van de caimanes a cocodrilos”. Por más asombroso que pueda parecer, sostuvo Odebrecht, esa promiscuidad entre la política y las empresas existe desde hace 30 años y ahora ha hecho metástasis. Ejecutivos de Odebrecht involucrados en el caso Lava Jato acusaron hace poco de prácticas corruptas a políticos de 26 partidos.

Analizar todos los delitos políticos llevará tiempo, pero es probable que el estigma de la corrupción siga a los delincuentes –reales o presuntos- en las elecciones de 2018, donde las candidaturas podrían experimentar un daño considerable. Es ahí donde reside la oportunidad de Brasil.

“La política brasileña está en medio de un enorme proceso de destrucción creativa. Estamos pasando por el tamiz 30 años de democracia y hay que repensar todo el sistema”, me dijo Fernando Schuler, un analista político y profesor de Insper, una universidad de São Paulo. “No pasará mucho tiempo antes de que Brasil vuelva a tener líderes”.

Tanto mejor para personajes como João Doria, un lobbysta que convirtió su participación en la versión local de “The Apprentice” en una gran victoria por la alcaldía de São Paulo; o el legislador Jair Bolsonaro, un ex militar y abierto ultraderechista que en una ocasión elogió a un torturador en el Congreso.

Pero se trata de políticos que brillan más por la crisis de sus pares que por su actividad pública. Los brasileños de la generación Lava Jato, por su parte, se sentirían menos inclinados a dejarse seducir por encantadores y hombres recios, alternativas que ya conocen y cuyos mandatos rara vez terminaron bien.

Irónicamente, a pesar del bajo nivel de aprobación a su gestión, Temer ha impulsado reformas que los gobernantes más populares que lo precedieron evitaron de forma sistemática, tales como el límite del gasto gubernamental a 20 años, y tal vez pronto mucho más, como una reforma del generoso sistema de pensiones. Durante su gestión la economía ya no se contrae, la inflación declina y las ventas de autos se recuperan.

Moody’s Investors Service subió hace poco la calificación crediticia soberana de Brasil y también la de Petrobras, la compañía petrolera afectada doblemente por la corrupción y las barreras nacionalistas.

Una recuperación económica para 2018 podría salvar el costo político del gobierno, calcula Carlos Pereira, de la Fundación Getúlio Vargas, y favorecer a centristas como el ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, el hombre clave para las reformas de Temer.

Pero los grandes desafíos persisten, y pocos de esos avances se mantendrán si no se revierten la política partidaria expoliadora y el amiguismo.

El economista Marcelo Portugal y la analista financiera Mariana Davi demostraron recientemente que la financiación de las corporaciones a partidos políticos ganadores había producido ganancias directas en los precios de las acciones y la rentabilidad.

No es casual que los mayores donantes sean empresas que operan en sectores como la construcción civil, las finanzas y la industria pesada, donde el gobierno proyecta una sombra muy larga.

En un intento por poner fin a la influencia del dinero, el Congreso declaró en 2015 la ilegalidad de las donaciones de campaña empresariales.

El resultado fue un aumento de las donaciones no declaradas y reiterados intentos de legisladores por despenalizar el financiamiento ilegal de campañas.

Tal desvergüenza podría ser una reacción a los cambios en Brasil. Luego de décadas de impunidad, los brasileños por fin ven que funcionarios corruptos y sus auspiciantes empresariales comparecen ante la justicia. Pero la opinión pública tiene que presionar más para impulsar mayores reformas.

Una medida sería imponer una cláusula de desempeño (la descalificación de los partidos que no logren obtener un mínimo de, por ejemplo, el 5% de los votos), lo cual podría reducir la cantidad de partidos políticos diminutos y, por lo tanto, la cantidad de intereses.

Brasil también tiene que repensar su sistema electoral de lista abierta, en el cual cada candidato a legislador compite en estados enteros y forma complicadas coaliciones de campaña, por lo que tiene abultadas cuentas de gastos que sólo grandes empresas pueden sostener.

La elección por distritos sería más barata y acercaría a los candidatos a los votantes.

Hasta ahora, los políticos tradicionales se han opuesto a esas y otras reformas razonables. Pero después de tres años de investigación Lava Jato y gracias al nuevo celo nacional en lo relativo a ética pública, la actividad tradicional ha perdido su encanto.

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