(AFP) La justicia panameña pidió este martes a Interpol una alerta roja para la captura del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), quien dice residir en Estados Unidos, por presunto espionaje y corrupción.

“La Policía Nacional recibió la solicitud e inmediatamente fue procesada a la oficina de Interpol” en Panamá, confirmó el director de la policía, Omar Pinzón, tras un informe de prensa.

“Ellos inmediatamente inician los procesos de acuerdo a las normas que rigen la policía internacional”, añadió.

El diario local La Prensa publicó este martes que el juez Jerónimo Mejía envió a la Interpol la solicitud de difundir una alerta roja a fin de que se haga efectiva la detención preventiva de Martinelli.

Según este diario, Mejía hizo la petición tras recibir el viernes la solicitud del fiscal de la causa, Harry Díaz.

El fiscal “fundamentó su petición en la orden que emitió el pleno de la Corte Suprema de Justicia el 21 de diciembre del 2015, para que se detenga preventivamente a Martinelli”, informó La Prensa.

Ello se suma a un pedido de extradición contra Martinelli de la Corte Suprema de Justicia a Estados Unidos que aún está en trámite en la cancillería panameña.

“Panamá está valorando todavía el expediente que nos fuera remitido por la Corte para asegurarnos que (el pedido de extradición) cumple los aspectos de forma”, declaró la canciller, Isabel De Saint Malo.

“Esperamos poder estar entregando esa solicitud al gobierno de los Estados Unidos en el plazo más corto posible, pero la Cancillería se va a asegurar de no dar un paso en falso”, añadió.

Martinelli, un multimillonario empresario de supermercados que accedió al poder con 60% de los votos y un discurso contra la corrupción, vive en un exilio voluntario en Miami, según ha afirmado por diferentes medios.

El exgobernante acumula una decena de denuncias por escándalos de corrupción y delitos financieros ocurridos durante su mandato, por los que varios de sus ministros y otros altos funcionarios están procesados y detenidos.

Martinelli es acusado de haber ordenado la intervención de teléfonos y correos electrónicos de unas 150 personas entre empresarios, activistas sociales y periodistas.

Además del expresidente, otros cuatro exfuncionarios -entre ellos dos exdirectores del Consejo de Seguridad- han sido llamados a juicio por las escuchas ilegales.

Los opositores a Martinelli acusaron a su gobierno de autoritario y de querer controlar todos los órganos del Estado para beneficio propio.

Sin embargo, el exmandatario dice ser un “perseguido político” del actual gobierno de Juan Carlos Varela, su antiguo aliado y actual enemigo político desde que Martinelli lo cesó en el 2011 de su cargo de canciller.

El exmandatario, de 64 años, también es investigado por la supuesta sobrefacturación en un contrato de US$ 45 millones para la compra de comida deshidratada destinada a escuelas públicas.

También es mencionado en otra decena de casos que investiga la justicia en relación con delitos financieros, compras con sobreprecios y cobro de comisiones por el pago de impuestos.

Por su condición de diputado del Parlamento Centroamericano, al que accedió como expresidente, Martinelli es procesado por la Corte Suprema y no por un tribunal ordinario.