(Reuters) El rechazo de una corte de apelaciones estadounidense a restablecer la prohibición temporal de viajes a refugiados y ciudadanos de siete países de mayoría musulmana implica un revés para el presidente Donald Trump, pero la Casa Blanca planea contraatacar en varios frentes judiciales.
El Gobierno no descarta la posibilidad de reescribir el decreto a la luz de las acciones de un juez federal en Seattle y una corte de apelaciones en San Francisco, que suspendieron la norma dictada por Trump el 27 de enero, dijo un funcionario.
“El Gobierno está analizando todas las opciones sobre cómo proseguir. Pero nos gustaría ganar el caso en los tribunales”, agregó, mientras más de una docena de reclamos contra el decreto avanzan a través del sistema judicial estadounidense.
“NOS VEMOS EN LOS TRIBUNALES”, tuiteó Trump el jueves tras el dictamen de un panel de tres jueces de una corte de apelaciones en San Francisco que mantuvo la decisión de un tribunal menor de suspender la prohibición fijada por decreto.
El presidente republicano, que se ha mostrado frustrado repetidas veces por la suspensión que la justicia aplicó sobre su medida, dijo el viernes, también vía Twitter, que la decisión era “vergonzosa”.
El decreto, justificado como una medida de seguridad nacional para prevenir ataques de militantes islamistas, impedía el ingreso a Estados Unidos de ciudadanos de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen durante 90 días, y el de refugiados de cualquier nacionalidad por 120 días, excepto los sirios, cuya entrada quedaba vedada por tiempo indefinido.
El dictamen del jueves estaba relacionado sólo con mantener o no la decisión del juez distrital James Robart en Seattle, referida a la suspensión del decreto de Trump, y no resolvió demandas presentadas por los estados de Washington y Minesota.
Esos dos estados argumentaron que la prohibición viola las protecciones constitucionales contra la discriminación religiosa. El decreto es la medida más combativa de Trump desde que juró como presidente el 20 de enero, y ha generado caos y protestas además de los reclamos legales.
El Gobierno tiene 14 días para pedir a la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco que un panel más amplio de jueces revise la decisión “en pleno”, o apelar directamente ante la Corte Suprema de Justicia, que probablemente será la que selle el destino del caso.
